¿PRESCRIBE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)?

Abogado Laboral en Línea

Por: Johann Clavijo Ramos

Abogado Especialista Derecho Sancionatorio

La pregunta no podría responderse con un simple «sí o no», sin tener en cuenta una metodología hermenéutica que respalde cualquiera de las posiciones que jurídicamente podrían ser plausibles. A mi análisis solo hay una. Ya lo veremos.

 

  • Hipótesis que afirma que si prescribe la acción disciplinaria en materia de DDHH y DIH:

 

Una corriente que sostiene la posición de que la acción disciplinaria si prescribe, es aquella que se hace través de la interpretación exegética que describen los códigos disciplinarios, pero aclaro, esta corriente lo hace en sentido literal y restrictivo, que, por lo general, es la que exponen los abogados defensores, sin tener en cuenta otros elementos hermenéuticos convencionales.

 

Esta postura, en la práctica, inicia con la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria ante el Despacho del Procurador Delgado, la cual se basa en describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos; por ejemplo: «la muerte de unos civiles acaecida en septiembre de 2006, como resultado de una operación militar en el departamento del Putumayo», tal investigación debe adelantarse bajo el matiz de los DDHH y DIH; lo segundo, tal argumento realza la importancia de identificar los extremos temporales, partiendo desde la fecha de ocurrencia de los hechos o desde el auto de apertura de investigación, de allí cuentan doce años para adelante y agregan que: a la fecha no se ha tomado una decisión de fondo, todo para llegar a concluir que, en este caso ya se cumplen los criterios de la prescripción disciplinaria.

 

La anterior postura podría tener validez, si se parte exclusivamente de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (parágrafo del Art. 33 L.1952/19), en concordancia con el parágrafo del artículo 69 de la Ley 836 de 2003 (artículo 88 de la L. 1862/17), que en resumen dice lo mismo, así:

 

 

«TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

 

En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48

 

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

 

 

A luz de la Ley 1862 en el artículo 88, señaló «Para las faltas que afecten gravemente el Derecho Internacional Humanitario, la prescripción será de doce años», es decir, no trajo modificación en ese tema.

 

Teniendo en cuenta la anterior postura, se puede afirmar que la acción disciplinaria, si puede prescribir a los doce años de trascurridos los hechos o auto de investigación, incluso abordado desde principio del debido proceso, razón por la cual, la autoridad debe declarar la prescripción de la acción disciplinaria en favor del inculpado. Este argumento, por lo general es lo que el abogado defensor esgrime ante el juez disciplinario, situación que, a simple vista, tendría la razón.

 

 

  • Hipótesis que afirma que NO prescribe la acción disciplinaria en materia de DDHH y DIH:

 

Bien podría tener razón la teoría donde la acción disciplinaria si prescribe pasados los doce años de ocurridos los hechos sin que se haya adoptado una decisión de fondo, esto tendría asidero, de no ser porque en las presuntas infracciones al DDHH y DIH opera una interpretación amplia en la cual los términos prescriptivos están sujetos a lo «establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

 

La crítica personal de la primera postura, la refuto basado inicialmente desde la mirada del principio del debido proceso como núcleo fundamental de la figura de la prescripción, ahora bien, si se dice que la figura de la prescripción es núcleo del debido proceso, decir lo contrario (imprescriptibilidad) no quiere decir que se sacrifiquen los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad.

 

Por tal razón, la imprescriptibilidad, llevado a la práctica del proceso disciplinario en contra de cualquier investigado, es la oportunidad categórica para velar que el debido proceso nutra transversalmente todo el proceso. Es una realidad que la imprescriptibilidad es una decisión unilateral y obligatoria, la cual debe integrar los principios fundantes e incluir los derechos fundamentales como garantías de los procesados, pues la máxima en este ejercicio es conservar la vigencia que el Estado Social de Derecho impone, no solo con los inculpados sino para con la sociedad, pues no hay que echar de menos que es deber del Estado prevenir y corregir la transgresión de los DDHH y el DIH, de allí que adoptar una decisión que varíe la temporalidad de la prescripción haciendo extensiva, debe ajustarse al debido proceso.

 

El enfoque jurídico de la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria es mediante el bloque de constitucionalidad, o mejor para tomar esta decisión debe contemplar una visión del derecho del control de convencionalidad, es así como, tras la muerte de personal civil en el marco de operaciones militares o procedimientos policiales, que no se haya esclarecido responsabilidad disciplinaria, es necesario acudir a los Convenios, Pactos, Protocolos y Estatutos suscrito por la comunidad internacional en respeto de los DDHH y el DIH, que Colombia contempla dentro de su ordenamiento jurídico interno, de manera concreta: Convención contra el Genocidio, los cuatro Convenios de Ginebra y sus cuatro protocolos adicionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana contra las torturas, Convención contra la desaparición forzada, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 

Lo anterior implica que: siendo una fuente de derecho internacional para el Estado, lo convierte en principio de obligatoriedad, de forma puntual los Convenios de Ginebra de 1949, dispuso que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, de su lado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que las conductas criminales competencia de esa Corte no prescriben.

 

Para finalizar, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en su jurisprudencia consideró que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impidan el esclarecimiento de la verdad, como frenar las investigaciones que conlleven a la sanción de los responsables de la violación grave de los DDHH y DIH, este tema sin duda, ya ha sido estudiado y es de amplia posición jurisprudencia por parte de la Corte Suprema Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, como quiera que es una obligación del Estado colombiano para proteger los DDHH, armonizar sus leyes, al investigar un caso, a través de la hermenéutica del bloque de constitucionalidad, tendientes a materializar el derecho para llevar al plano conocimiento de la verdad a las víctimas, en otras palabras, la imprescriptibilidad puede también ser interpretada como un instrumentos en contra de la impunidad. Con todo, la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria es de aplicabilidad obligatoria.  

 

Sin duda alguna, para una adecuada defensa técnica de un miembro de la fuerza pública, implica el conocimiento a fondo de estos ámbitos del derecho internacional aplicados en la legislación interna, así como de la práctica probatoria propias del terreno operacional y procedimental militar y policial. 

 

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