Servicio de Asesoría en Derecho Administrativo

Asesoría laboral en derecho administrativo.

El derecho administrativo, en la práctica, para la comprensión de la persona del común, es aquel derecho que regula las relaciones entre los particulares y los actos de cualquier entidad del Estado.

El Estado para poder actuar necesita de organizaciones o entidades, esto se denomina «la organización del Estado», es decir, organismos o entidades del poder público, ya sea del sector central o del sector descentralizado por servicios o por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública.

Actos de la Administración Pública

La manera de manifestarse estas entidades para el cumplimiento de los fines del Estado y buscar el bienestar social, lo realizan a través de: actos administrativos (Ej. una resolución de nombramiento u otra de destitución), hechos administrativos (Ej. el derrumbamiento de una obra pública), contratos estatales (Ej. Contrato de prestación de servicios o de suministro), operaciones administrativas (Ej. Un retén de policía de tránsito), omisiones administrativas (Ej. Un funcionario público que debía ejecutar una orden y no la realizó), silencio administrativo tanto positivo como negativo (Ej. No dar respuesta a un derecho de petición), vías de hecho (Ej. Una sentencia que ordene un arresto sin el lleno de requisitos legales), y la administración por gestión con recursos públicos.

Ahora bien, si por algunas de las formas anteriores en que se manifiesta el Estado, dicha relación entre Estado y particulares, se generan controversias en contra de los intereses jurídicos ya sea de un individuo, una comunidad o una persona jurídica, es entonces la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de anular, restablecer y ordeñar resarcir un daño, cuando sus actos sean violatorios a la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico.

¿Qué un daño atribuible al Estado?

A manera de ejemplo, a todas las personas en general que han recibido un daño atribuible al Estado colombiano, ocasionado por cualquiera de sus agentes sin importar a qué autoridad pública pertenezca, ya sea por la acción u omisión, esto se conoce como daño antijurídico, consagrado en el artículo 90 nuestra Constitución.

Resquisitos de la responsabilidad estatal.

Para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, entre los cotidianos tenemos: La falla del servicio médico, falla en los servicios públicos, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros.

Casos comunes de responsabilidad estatal.

Podemos citar muchos casos especificos relacionados con la responsabilidad del Estado, pero aqui hemos de nombrar algunos de los mas comunes.

Problemas de salud adquiridos en el servicio militar.

Un situación común, es la que acontece con los soldados regulares y bachilleres, que al ser incorporados se les practica un examen de ingreso y se presume que entran a la institución en perfectas condiciones de salud, pero en el trascurso del servicio militar presentan novedades médicas, ya sean de origen común o propias del servicio, es allí donde se configura una responsabilidad (objetiva) del Estado frente a ese administrado, pues el deber es que esa persona que prestó obligado el servicio militar, salga en las mismas condiciones de salud de como ingresó.

Privación injusta de la libertad.

Otra muy grave situación en cuanto a la responsabilidad del Estado y en la cual deba reparar los perjuicios ocasionados, es cuando existe una privación injusta de la libertad, estas pueden ser: Por un error judicial, como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, por otra parte, cuando se ordena una medida cautelar de detención preventiva dentro de un proceso penal, incluso con el lleno de los requisitos legales, pero al final el individuo en cuestión resulta absuelto en la sentencia, puede ser por tratarse de una prueba que excluyera el delito o en su defecto por la absolución por duda razonable.

Actos administrativos que violan derechos.

De igual forma, puede existir responsabilidad del Estado cuando sus decisiones a través de una entidad estatal, las manifieste en un acto administrativo escrito o verbal y con ellas se vea afectado un derecho injustificadamente, es posible acudir ante el juez administrativo para solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho. Ejemplo: Un funcionario que mediante acto administrativo ordenan su retiro de la institución, pero tal acto se elabora vulnerando derechos fundamentales, con falta de requisitos legales o desconociendo precedente jurisprudencial vinculante de las altas cortes.

Violaciones al debido proceso en procesos disciplinarios.

Ahora bien, el derecho administrativo también regula la relación entre los funcionarios o servidores públicos y la entidad empleadora, que, por alguna decisión se le afectó derechos subjetivos, por ejemplo: en un proceso disciplinario en la cual se tomó la decisión de sancionarlo con suspensión o en caso de falta gravísima con una destitución, pero la decisión de ese acto administrativo no tuvo en cuenta el debido proceso, o se tomó la sanción con la existencia de una causal excluyente de responsabilidad, en tales casos, el juez debe restablecer los derechos del funcionario injustamente sancionado.

Bases legales para restitución de derechos.

Para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley prevé varios términos, definidos el en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, así:

El artículo 138, para la Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho, señala «podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.» Así como de aquellos casos señalados en el literal j) del numeral segundo del artículo 164 del CPCA.

El artículo 164 numeral i), para la reparación directa, «la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.» Y en concordancia con lo establecido en el numeral segundo del artículo 164 del CPACA.

En el artículo 141 establece, lo relacionado con las controversias contractuales., señala que: «el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.»

Existen muchos servicios asociados al derecho administrativo veamos algunos de ellos:

Reparacion Directa.

Normalmente relacionada con daños a la salud en general de los soldados regulares ocasionados por conflicto armado, accidente o enfermedad laboral o común.

Algunos ejemplos de estos daños son:

Muerte en combate.

Amputación.

Lesión de cualquier miembro durante el servicio militar.

Accidentes y/o lesiones en servicio activo.

Fracturas, esguince, leishmaniasis y varicocele.

Para explicar, si una persona ha sufrido un daño causado por una entidad pública de orden nacional, departamental o distrital.

Una forma de llegar a resarcir los daños, tanto materiales como morales, es acudir al juez contencioso administrativo.

Para que a través del medio de control de la reparación directa se le reconozca en sentencia los daños causados.

En otras palabras, es una demanda que pretende se repare patrimonialmente tanto al lesionado como a sus familiares, otros  ejemplos más relevantes son:

Un soldado que ha sufrido algún tipo de lesión física o psíquica en el servicio,.

No importa que sea enfermedad común o accidente o enfermedad profesional.

Una persona que haya sido privado de la libertad injustamente.

Alguien  que es atropellado por un vehículo cuando éste se encontraba en servicio;

El clásico ejemplo de alcantarilla sin tapa cuya persona cae en ella.

 

Daños ocasionados por agentes pertenecientes a entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal.

Cada entidad por competencia debe responder tanto por las acciones u omisiones que pudieran lesionar a sus administrados.

Y con ello la indemnización del daño ocasionado, y lo hacen a su nivel jerárquico o funcional.

Por ejemplo: un soldado sufre una lesión en el servicio, entonces la entidad responsable será el Ministerio de Defensa Nacional.

La cual es una entidad del orden nacional.

Privación injusta de la libertad

El estado natural de una persona es ser libre y ejercer ese derecho permea todas las esferas del ser humano.

Ninguna persona podrá ser privada de su libertad injustamente.

En la práctica personas inocentes le es suprimido ese derecho de manera injusta y arbitraria.

Causando un enorme daño no solo a la persona directa, sino a sus familiares y allegados.

Por ese motivo, no en vano es una de las reparaciones más costosas que se demandan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 Nulidad y restablecimiento de Derecho.

En este sentido tenemos:

Ilegalidad del acto administrativo de retiro de la institución.

Es importante que un funcionario o servidor público al momento de ser retirado por la entidad lo haga previendo respetar todas las garantías mínimas constitucionales.

Y que se reflejen en el acto administrativo de retiro,.

Cuando la entidad retira a uno de sus miembros contrariando la legalidad o sin las formalidades básicas genera un acto administrativo lesivo a sus derechos.

Entonces la nulidad y restablecimiento del derecho surge para solicitar la defensa de los intereses particulares

Y se le reconozca y restablezca el derecho calculado.

Ilegalidad del acto administrativo disciplinario que impone una sanción.

Para llegar a imponer una sanción disciplinaria a un funcionario o servidor público, se puede afirmar que, no se puede hacer de cualquier forma.

Ni por cual conducta, el ejercicio sancionatorio exige que se le demuestre al disciplinado que es responsable de una conducta.

Y que por ellos acarrea una falta por haber quebrantado sus deberes funcionales sin justificación.

La importancia de la decisión disciplinaria que impone una sanción, debe cumplir con la satisfacción probatoria de todos los elementos de la responsabilidad.

En este sentido, se debe probar, tanto la conducta como la ilicitud sustancial.

y mucho más la culpabilidad, de lo contrario ese acto sancionatorio se torna ilegal ya lesivo para el funcionario disciplinado.

Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce reajuste de asignación de retiro e IPC.

Este tema del reconocimiento, liquidación y reajuste del IPC al personal de militares y policías.

Solo es aplicable para aquellos que se retiraron del servicio con anterioridad al 31 de diciembre del 2004.

Y que hayan consolidado el derecho a la asignación de retiro, toda vez que para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Para el pago de las asignaciones de retiro de este personal retirado, no se tuvo en cuenta el incremento del índice de precios al consumidor (IPC), aspecto que desmejoró el poder acquisito.

 Reclamación Administrativa.

En estos servicios se encuentran:

Juntas médicas laborales de los miembros de la fuerza pública.

Para todos los miembros de la fuerza pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

Para los soldados e infantes de marina que prestaron servicio militar obligatorio, soldados e infantes de marina profesionales, suboficiales y oficiales.

Se deben practicar exámenes de aptitud psicofísica, en caso de ingreso.

Este se realiza con el objeto de establecer que presente condiciones psicofísicas que permitan desarrollar normal.

Además,  eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

El examen de mayor relevancia para la ley (Decreto 1796 del 2000) y que es objeto de protección constitucional.

Corresponde al examen de retiro que aplica para el personal de oficiales, suboficiales y soldados o infantes profesionales.

El examen de licenciamiento, se práctica para quienes prestaron servicio militar obligatorio.

Requisitos exigidos.

En el proceso médico laboral y para llegar a la Junta Médico Laboral, es necesario cumplir con unos requisitos, como:

Tener ficha médica odontológica de retiro o licenciamiento.

Valoración y conceptos médicos por las especialidades médicas por las que quedó aplazado.

Informes administrativos por lesiones.

Este documento sirve para identificar el origen de la lesión, es decir, si es una enfermedad o afección común.

Caso que será calificado en literal A;

En cambio para las enfermedades o accidentes laborales se calificará en literal B;

Por su parte las lesiones ocasionadas en el marco del conflicto o por acción directa del enemigo o conflicto internacional.

Se calificará en literal C.

Y por último aquellas lesiones que fueron producto de una actividad ilegal o contra la ley se imputará al literal C.

Nos referiremos en principio solo al examen de retiro o licenciamiento.

La Obligación del Estado Colombiano.

Este tiene carácter obligatorio, en ocasiones las Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía suelen negar ese derecho fundamental al debido proceso y que es conexo a la salud y vida digna.

La relevancia de este proceso administrativo es su injerencia directa en derechos prestaciones.

Que van desde una indemnización por las secuelas registradas por el Organismo Médico Laboral.

En donde si no supera el cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de disminución laboral accede a la indemnización.

Valor que reconoce la Dirección de Prestaciones Sociales de cada Fuerza o Policía, o hasta la pensión de invalidez a quien supere ese porcentaje.

Esta ultima la reconoce la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa.

Una vez realizada la Junta Médico Laboral, procede un recurso de revisión ante la última instancia médico, me refiero al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

El cual está facultado para ratificar, modificar o revocar tales decisiones de la Junta Médico Laboral.

Es de resaltar que en este proceso se examina únicamente las patologías producto y adquiridas en el servicio.

Negación de la Indemnización de disminución de la capacidad laboral.

Es común, que las Direcciones de Sanidad nieguen derechos a los ex miembros de la Fuerza Pública.

Una de las razones es la interpretación restrictiva del Decreto 1796 del 2000.

En donde señalan la improcedencia de una nueva Junta, desconociendo de plano el desarrollo de la enfermedad.

O deterioro de la salud a causa de las enfermedades acaecidas en el servicio.

Aspecto que va ligado a un chance para alcanzar hasta una pensión de invalidez, si es que es grave la patología.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que procede la realización de una nueva Junta Médico Laboral cuando:

«(i) que exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; (ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro.»,

lastimosamente, para acceder a una nueva valoración por parte del Organismo Médico Laboral, toca acudir al juez de tutela para hacer valer esos derechos de rango constitucional.

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