Existen dos grupos de personas que pueden necesitar una asesoría en Derecho Administrativo. 

El primero es para todas las personas en general que han recibido un daño atribuible al Estado Colombiano, ocasionado por cualquiera de sus agentes sin importar a qué autoridad pública pertenezca, ya sea por la acción u omisión, esto se conoce como daño antijurídico, consagrado en el artículo 90 de nuestra Constitución.

Para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, algunos ejemplos cotidianos son: La falla del servicio médico, falla en los servicios públicos, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros.

Un ejemplo común, es la situación que acontece con los soldados regulares y bachilleres, que al ser incorporados se les practica un examen de ingreso y se presume que entran a la institución en perfectas condiciones de salud, pero en el trascurso del servicio militar presentan novedades médicas, ya sean de origen común o propias del servicio, es allí donde se configura una responsabilidad (objetiva) del Estado frente a ese administrado, pues el deber es que esa persona que prestó obligado el servicio militar, salga en las mismas condiciones de salud como ingreso como lo contempla el Derecho Administrativo. 

Otra muy grave situación en cuanto a la responsabilidad del Estado y en la cual deba reparar los perjuicios ocasionados, es cuando existe una privación injusta de la libertad, estas pueden ser:  Por un error judicial, como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, por otra parte, cuando se ordena una medida cautelar de detención preventiva dentro de un proceso penal, incluso con el lleno de los requisitos legales, pero al final el individuo en cuestión resulta absuelto en la sentencia, puede ser por tratarse de una prueba que excluyera el delito o en su defecto por la absolución por duda razonable., en este caso es importante asesorarse con un experto en Derecho Administrativo. 

De igual forma, puede existir responsabilidad del Estado cuando sus decisiones a través de una entidad estatal, las manifieste en un acto Administrativo escrito o verbal y con ellas se vea afectado un Derecho, es posible acudir ante el juez administrativo para solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho. Ejemplo: Un funcionario que mediante acto administrativo ordenan su retiro, pero tal acto se elabora vulnerando derechos fundamentales o con falta de requisitos legales. 

El segundo grupo corresponde, a los funcionarios o servidores públicos, que, por alguna decisión de la entidad empleadora, afecte los derechos subjetivos y por ende deban ser amparados por el juez.